El Gobierno Nacional ha lanzado recientemente un plan de viviendas cuyo objetivo es la construcción de aproximadamente cien mil viviendas, con una centralización en el manejo de los fondos a utilizar, abandonándose la descentralización existente en estos momentos, que fuera establecida a través del pacto fiscal del año 1993.

Esta iniciativa ha logrado el acuerdo de varias provincias pero al mismo tiempo ha sido rechazada por otras, en la certeza de que se estaría dejando de lado la remisión de fondos del FONAVI, que son utilizados y administrados por las provincias, que llevan adelante la distribución de los mismos de acuerdo a las realidades sociales que ellos manejan.

La administración descentralizada de los fondos destinados a la construcción de viviendas permite la utilización de mano de obra local, con la creación de puestos de trabajo y con la participación de diversos actores económicos regionales, reciclándose los fondos en el mercado local. Esto correría riesgo de seguir siendo utilizado, por cuanto la administración centralizada, con la participación de empresas u oferentes nacionales o internacionales, produciría una merma en la utilización de recursos lugareños, perjudicando al mercado laboral autóctono en momentos sumamente difíciles para los asalariados.