La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe DECLARA su preocupación ante la reciente aplicación de un nuevo sistema cancelatorio de las deudas contraídas por frentistas en el marco de la ley 11461- Contribución de mejoras por Consorcios Camineros ( Prosap.) -, también denominados Ripios Rurales, que incrementa notoriamente los montos acordados por las partes al realizarse dichas obras. Asimismo, se insta al Poder Ejecutivo a instrumentar un sistema de pagos acorde a las realidades de las distintas economías regionales en el marco de la actual recesión generalizada.

SEÑOR PRESIDENTE:

Ha causado real preocupación la aplicación, por parte de las Autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de un nuevo sistema de ajuste para la cancelación de las obligaciones contraídas por los frentistas dueños de inmuebles rurales, en el marco de las contribuciones por mejoras que surgen como consecuencia de la realización de obras de ripiados rurales, al amparo de la ley 11461 de constitución de consorcios camineros dentro del denominado Prosap.
La cancelación por parte de los frentistas ante las obras realizadas se realiza en forma bimestral, citando como ejemplo el Consorcio Caminero Rafaela-Bella Italia, donde los contribuyentes ya han pagado seis cuotas bimestrales venciendo el día de la fecha la cuota nro. 7 - 19-11-2002-, en la cuál se observa un ajuste de aproximadamente un 130% como consecuencia de la aplicación de un nuevo sistema de amortización, surgido de una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe.
La aplicación, desde esta cuota en adelante, del denominado Sistema Francés de amortización, ha elevado una cuota de $ 385. - a $ 715. - y en caso de continuar aplicando el mismo, una deuda total original de pesos 10.056.06 pasa a convertirse en la espeluznante cifra de pesos 27.885. -, obligando a los tomadores de dichos créditos a realizar activos de su patrimonio para cancelar anticipadamente el total de dichas obligaciones para no caer en la trampa de un sistema financiero que en vez de facilitar las relaciones económicas, trae incertidumbre sobre los deudores que ven enormes dificultades para cancelar, más allá de la real intención de pagar en tiempo y forma.
Según información suministrada por personal del Servicio de Catastro de Información Territorial, dependiente de la Administración Provincial de Impuestos, da cuenta que aproximadamente el 60% de los frentistas ha solicitado la liquidación cancelatoria de sus compromisos, obteniendo el dinero de nuevos créditos solicitados por los mismos o de la venta de ganado u otros bienes, desvirtuándose totalmente la relación y el compromiso que se había celebrado en los orígenes de esta loable iniciativa, que en principio llenó de esperanza a los productores que por fin contarían con caminos ripiados que les permitirían llevar sus producciones hacia los centros de industrialización de las mismas.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de declaración.